El Gobierno venezolano, liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha presentado una polémica propuesta legislativa destinada a prohibir mensajes y la existencia de organizaciones que sean etiquetadas como fascistas. La Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, respaldada en una primera discusión por el Parlamento, despierta preocupaciones sobre el futuro de las libertades políticas y de expresión en el país sudamericano.
La vicepresidenta Rodríguez argumentó que detener el fascismo es una tarea urgente en beneficio de la humanidad, justificando la necesidad de esta ley como una forma de combatir expresiones de odio, violencia y muerte. La legislación define los rasgos de posturas ideológicas y expresiones que se considerarían fascistas, incluyendo el racismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y cualquier forma de fobia contra el ser humano.
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Con 30 artículos, la ley tiene como objetivo establecer medios para preservar la convivencia pacífica y proteger a la sociedad venezolana de cualquier expresión fascista, neofascista o similar. Se establece una Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones, designada y regulada por el presidente, para dictar pautas y políticas relativas a esta ley, la cual prohíbe ciertos mensajes, organizaciones y actividades en el país.
Los mensajes prohibidos incluyen aquellos que promueven la violencia como método de acción política, reproducen la cultura del odio, denigran la democracia y sus instituciones, promueven la suspensión de derechos y garantías, y exaltan principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo. El incumplimiento de esta ley puede resultar en sanciones que van desde la prisión hasta la revocatoria de concesiones para operar medios de comunicación.
La ley, vista por muchos como una herramienta para el control gubernamental de la oposición y la disidencia, ha generado preocupación tanto dentro como fuera de Venezuela. Se teme que pueda ser utilizada para reprimir la libertad de expresión y asociación, así como para ilegalizar partidos políticos y disidencia crítica al régimen. En un momento en que el país se prepara para las elecciones presidenciales, la aprobación de esta ley podría tener repercusiones significativas en el panorama político y social venezolano.
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